Iniciativa financiada por el Fondo de Fortalecimiento de Organizaciones de Interés Público del Ministerio Secretaría General de Gobierno

Reducir la vulneración de derechos en niños, niñas y adolescentes por medio de una campaña social con perspectiva de género que promueva conocimiento y ejercicio de derechos, propicie interacciones respetuosas de los adultos con la infancia y adolescencia e incentive el rol garante de la comunidad; es el propósito de esta cruzada. La campaña será ejecutada durante un periodo de 3 meses. Será liderada por niñas, niños y adolescentes participantes de Niños en la Huella. Su protagonismo, su opinión y su propuesta será estrategia de incidencia pública en las tres comunas de mayor concentración demográfica de la Región.

“Uno de los elementos detonantes de la vulneración sistemática de derechos de los niños, niñas y adolescentes en nuestro país resulta de la normalización de conductas perjudiciales en su contra por parte de adultos, funcionarios públicos, políticos y la sociedad en general. Una de las fuentes de esta normalización proviene del desconocimiento de los derechos de los niños, niñas y adolescentes el que impacta de manera gravitante en la falta de resguardo efectivo de los mismos”, indicó Patricia Díaz, directora ejecutiva de Fundación Niños en la Huella que es la entidad que ejecuta este proyecto.

Agregó que “resulta necesario fomentar el desarrollo de una cultura respetuosa de ellos, con énfasis en el interés superior de los niños, niñas y adolescentes y su autonomía progresiva. Instalar en la ciudadanía, la promoción y el respeto de los derechos de niños, niñas y adolescentes en base al buen trato, respeto y valoración por los derechos humanos, modificando la actual normalización de la violencia contra los niños, niñas y adolescentes”.

La campaña postula como receptor a la comunidad porque es el espacio físico y social más cercano después del grupo familiar, donde el niño, niña y adolescente desarrolla el ejercicio de sus derechos y amplía sus capacidades. En tal aspecto, la comunidad se entiende como un aporte a la generación de condiciones que favorecen el ejercicio de derechos.

Para conseguir su propósito se considera adherir piezas gráficas y mensajes en vehículos particulares, emisión de capsulas en radioemisoras, exhibición de material audiovisual en pantallas de espacios comunitarios y/o de alta afluencia de público, entre otras acciones.

La directora de la Fundación invitó a la comunidad a participar de esta iniciativa a través de la instalación de gráficas en sus vehículos, la difusión en espacios comerciales u otra propuesta que pudieran idear. Para ello, los y las interesadas en colaborar a multiplicar el mensaje del buen trato con la infancia pueden ingresar a la web de la fundación www.fundacioninosenlahuella.cl

LA REALIDAD DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

Etnográfica Research cruzó los datos de la última Casen, el Censo y tres encuestas a nivel nacional para reflejar una radiografía de la infancia en Chile. Sus resultados muestran las dificultades sociales, económicas, mentales y educativas que sufren niñas y niños en el país. En Chile hay poco más de 4,2 millones de niños, niñas y adolescentes, menores de 18 años. Del informe se desprende que 577 mil de ellos viven en situación de pobreza por ingresos. La cifra es aún peor si se considera la pobreza multidimensional, que incluye salud, educación, seguridad y nivel de vida, donde 1 de cada 4 es pobre. Se estima que son casi 220 mil menores entre 5 y 17 años que trabajaron, los que representan un 6,5%. Dentro de ellos, el 70,6% dice haber laborado en oficios peligrosos, ya sea con maquinarias, a la intemperie o con químicos. Desde el punto de vista de la educación, aún un 12% de los niños y niñas hasta los 5 años no recibe educación parvularia. Un 9% ni siquiera tiene acceso a un establecimiento, mientras que del grupo que no asiste, el 61,7% es cuidado en sus hogares y un 10% de los padres considera que no es necesaria la educación preescolar. En Chile aún un 8,6% de los menores entre 6 y 13 años no asiste a la educación básica. En tanto, del 73,4% que sí asiste al colegio hasta los 17 años, la mayoría lo hace en establecimientos particulares subvencionados (55%), seguidos por los colegios municipales (37,5%) y sólo un grupo privilegiado lo hace en instituciones particulares (7,5%). La fragilidad no sólo se expresa en términos de ingreso y educación. El 13,37% de los menores reside en viviendas que presentan condiciones de hacinamiento y un 34,5% experimenta carencias en seguridad social. Es más, un 11% de los niños se siente inseguro donde vive, lo que se expresa en que casi un 27% dice encontrar riesgoso jugar en la calle o definitivamente no lo hace. En el país, más de un tercio de los infantes (38,3%) considera que en Chile se discrimina por el color de piel, ítem que supera al hecho de ser pobre (21,3%) o la orientación sexual (15,5%). Entre los datos que destaca la última Encuesta Longitudinal de Primera Infancia, un 19,7% de los niños y niñas entre 7 y 12 años declara que sus compañeros se burlan de ellos, un 18,7%. A su vez, un 18,1% declara que le molesta su aspecto físico y un no menor 14,1% cree que cuando grande no será una persona importante. Desde que Chile ratificó la Convención sobre los Derechos del Niño, en agosto de 1990, se han promulgado una serie de normas orientadas al cumplimiento progresivo de este tratado internacional. Sin embargo, aún existen una serie de adecuaciones legales pendientes, para que el Estado de Chile pueda cumplir con su obligación de respetar, promover, proteger y garantizar los derechos a toda la niñez y adolescencia. Adicional a lo anterior, la crisis sanitaria profundizó la invisibilización en la que se encuentran las preocupaciones, opiniones, vivencias y derechos de niños, niñas y adolescentes, en particular, de los más vulnerables. La pandemia les afecta de manera multidimensional, en materias como el derecho a la educación, el derecho a la salud en general y a la salud mental en particular, en su derecho a la recreación y al juego y en su derecho a estar en familia, entre otros. La suspensión de clases los expone a vulneraciones relacionadas con la alimentación y el aumento de la violencia intrafamiliar y sexual. Los grupos de NNA vulnerables son los más afectados, sea porque no tienen acceso a los medios materiales para continuar recibiendo educación en condiciones normales o mínimamente aceptables, o porque se encuentran en situaciones en las que ya sufren vulneraciones que sólo se hacen más intensas en este período.